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Durante el primer quinquenio de la década del 90, el servicio de transporte ferroviario urbano de pasajeros fue transferido a concesionarios privados. Esta transferencia se realizó aduciendo la necesidad de alcanzar "servicios eficientes", con "tarifas adecuadas al nivel económico de los habitantes" y el "menor subsidio posible" para los operadores que se harían cargo de la prestación. Sin embargo, a quince años de concesionada la última línea de servicios, el modelo se ha mostrado ineficaz para lograr un equilibrio entre las metas planteadas. Así, entre algunos de sus resultados se observa que configuró condiciones favorables para la emergencia de hostilidades por parte de usuarios que, en ausencia de canales institucionales considerados efectivos para el procesamiento del conflicto, expresan su disconformidad con la forma de prestación del servicio a través de la violencia colectiva.
