Abstract:
Es
antiguo
el
uso
por
parte
de
privados
y
de
comunidades
de
dirigir
a
las
autoridades
públicas -desde
el
supremo
vértice
del
Estado
hasta
las
articulaciones
intermedias
y
locales
de
los
poderes
públicos- peticiones
para
obtener beneficios
de
diversa naturaleza,
preponderantemente
beneficiaria,
judicial
o
fiscal.
Ellas
podían
ser
orales
o
escritas;
obviamente,
la
forma
escrita
ha
prevalecido
en
todas
las
situaciones
estatales
con
burocracias organizadas
y
difundidas,
las
cuales han
intentado
siempre
regular con
formas
y
modalidades
precisas
el
flujo
petitorio,
mediante
la
imposición
de
procedimientos
y
de
formularios
obligados.
ya
la
estructura
burocrática
y
judicial
del
imperio
romano
había
previsto,
entre
fines
del
siglo
III
e
inicios
del V,
normativas
particulares
para regular
y
controlar
el
fenómeno,
relacionadas
tanto
con
la
admisibilidad
de
determinados argumentos,
como
con
la
condición
jurídica
de
los
peticionantes
(libres
o
esclavos),
y,
finalmente, con
los
procedimientos
a
adoptar
en
los
distintos
casos.
