Abstract:
En junio del 2010, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta a la Legislatura un proyecto de ley que propone un Régimen de Promoción para las Actividades Audiovisuales. Dicho proyecto (exp. 1603-J-2010) establece en su artículo 4o la creación del Distrito Audiovisual, comprendido en un espacio geográfico determinado de la Ciudad, y una serie de beneficios impositivos para las empresas del sector audiovisual. Al mismo tiempo, a través de la Dirección de Industrias Creativas del Ministerio de Desarrollo Económico, se convocan a reconocidos empresarios de las industrias audiovisuales con el objetivo de presentar el proyecto y difundir los potenciales beneficios de la sanción de la ley.
El cuestionamiento de esta propuesta conlleva a la presentación por parte del Diputado Basteiro y la Diputada García Tuñón, de otro proyecto con similar carátula (exp. 3092-D-2010), redactado en colaboración con representantes de SICA (Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina), en el cual se establecen similares beneficios pero en todo el territorio de la Ciudad, proponiendo además la creación de un Fondo para la Promoción de la Actividad Audiovisual (art. 10o).
Ambos proyectos se unifican y realizan conjuntamente un recorrido legislativo a través de distintas comisiones1. A pesar de que existió la reiterada solicitud de que el proyecto fuera girado además a la Comisión de Cultura, el pedido se rechazó sistemáticamente. Finalmente, el proyecto fue sancionado en septiembre del 2011, publicado en el B.O.C. como Ley No 3876.
Nos proponemos entonces analizar los movimientos parlamentarios de los mencionados proyectos, poniéndolos en relación con las posiciones sostenidas desde cada espacio. Dicho análisis apunta entonces a considerar el conflicto desde la perspectiva de las políticas públicas sobre el audiovisual considerado en tanto industria cultural y plantear la cuestión sobre los objetivos específicos de esta ley.
